domingo, agosto 12, 2007

Una visión personal

En diciembre pasado se publicó, editado por Radio Euskadi, el libro "Veinte voces por la normalización", en el que personas procedentes del mundo periodístico o universitario analizaban la situación del alto el fuego entonces en vigor y diseccionaban determinados aspectos del llamado conflicto vasco. Pocos días después, el brutal atentado de Barajas rompía cualquier expectativa de paz. Mi parte correspondiente del libro se refería al papel del nacionalismo democrático en la situación vasca y a las posibilidades reales de solución del problema terrorista. El texto está escrito en septiembre del año pasado, antes, por lo tanto, de las conversaciones de Loiola y del descarrilamiento definitivo del proceso, cuando aún se mantenía un cierto optimismo en la clase política del País Vasco.

El nacionalismo democrático ante el proceso vasco

Tras décadas de debate político condicionado por la persistencia de la violencia en Euskadi, al fin parece abrirse paso un diálogo sin autolimitaciones escénicas ni tutelas contrarias a la propia esencia de la democracia. El guión establecido por la Declaración de Anoeta de noviembre de 2004 y asumido de forma abierta o tácita por todos los agentes políticos, excepto el PP, abre nuevos horizontes en los que el terrorismo puede quedar definitivamente erradicado como forma de presión y distorsión para alcanzar objetivos políticos de parte. Si llega el día en el que la izquierda abertzale ilegalizada asume en plenitud la incompatibilidad de la acción política con el chantaje, la extorsión y el asesinato se habrá dado un paso esencial para lo que viene llamándose "normalización política".

Ése es el paso previo, imprescindible y unilateral que posibilitará un nuevo tiempo político para los vascos, aunque, aún hoy, pasados dos años desde el pronunciamiento del velódromo donostiarra –que, por otra parte, llegó con 25 años de retraso respecto a las posiciones del resto de partidos políticos– persisten ciertas dudas, razonables y razonadas, de que la izquierda abertzale, en su conjunto, haya cruzado sin retorno posible la línea divisoria entre la política, indisolublemente unida con lo civil o lo cívico, y el terrorismo, que no deja lugar a ningún resquicio para el debate en libertad y la transacción entre diferentes. A pesar de las altisonantes declaraciones de los dirigentes de Batasuna, anunciando que el conflicto iba a pasar de las calles a la mesa de negociación, la persistencia de la kale borroka continúa siendo el más claro exponente de que algunos de los viejos tics se mantienen. Ese tipo de actuaciones violentas no obedecen a casualidades ni a tomas de posición aisladas, ya que siempre se han venido produciendo en el marco de estrategias bien definidas de tensionamiento político. Para pasar de lleno al ámbito de la negociación política, el resto de agentes deben exigir el cese inmediato y definitivo de cualquier clase de expresión violenta, porque la continuación de fenómenos de este tipo como forma de respuesta ante determinadas actitudes políticas demuestra que se sigue queriendo jugar con las cartas marcadas. La vuelta atrás en el proceso y la amenaza de las armas no pueden utilizarse como espada de Damocles permanente, teniendo en cuenta que es precisamente la creencia de que la voluntad de abandonar las prácticas violentas es inequívoca e irreversible la que posibilita el proceso político consiguiente.

Si se juega con los principios en que se sustenta, la vía hacia la normalización politica quedará anegada sin remedio. Han sido muchas las ocasiones en las que quienes optaron a partir de 1979 por compartir un proyecto de convivencia y autogobierno han querido facilitar la incorporación a ese camino a la minoría que quedó, por propia voluntad, al margen del acuerdo. A una minoría que ha venido defendiendo y dando cobertura política a que se combata con las armas un marco jurídico-político permanentemente legitimado por la ciudadanía. Por lo tanto, es el momento de exigir, de facilitar la transición del mundo de Batasuna desde la firmeza en los fundamentos más básicos. El grueso de la denominada izquierda abertzale nunca ha tenido un referente exclusivamente civil y democrático a lo largo de su historia reciente y siempre ha pretendido suplir sus carencias en términos de apoyo popular atrincherándose detrás de ETA. Esa trayectoria antidemocrática obligará ahora a una progresiva redefinición ideológica y organizativa de ese espacio político importante pero minoritario en Euskadi. Se trata, en definitiva, de que asuma la realidad de su propia dimensión y de la de los demás, así como la naturaleza legítima e inherente a la propia identidad vasca de la rica pluralidad política existente. La pretensión de forzar determinados cambios en la configuración política vasca valiéndose de una sociedad anestesiada por el miedo debe quedar desterrada para siempre. La ciudadanía tiene que ser, en consecuencia, sujeto principal de cualquier modificación, y no mero espectador que asista a cualquier tipo de cambio del marco como un mal menor que posibilite el cierre definitivo de una etapa sangrienta. Es más, debe preservar su cohesión ante cualquier intento de fracturar el país, porque únicamente desde una férrea voluntad en ese sentido podrá construirse un futuro en el que no sólo se asuma al diferente como elemento irremediable sino que se le dé rango de coprotagonista imprescindible.

En definitiva, ya sea en las circunstancias derivadas del proceso actual o, si éste desgraciadamente se malograra, en otras que determine el futuro curso de las cosas, el único acuerdo político de fondo posible en Euskadi requerirá siempre una total ausencia de violencia que permita un diálogo franco y refractario a cualquier forma de presión ilegítima, la defensa de cada uno de los proyectos con el único soporte del apoyo que concite en las diversas contiendas electorales y, finalmente, la búsqueda de complicidades y de equilibrios entre culturas políticas diferentes mediante la mutua concesión de garantías para un respeto escrupuloso a los derechos ciudadanos y a la cohesión social.

El nacionalismo democrático, fiel a su historia, puede ejercer de motor hacia un escenario de ese tipo. Desde su perspectiva, más que en defender proyectos concretos, el reto inmediato consiste en poner las bases mínimas para que cualquiera pueda trabajar en favor de los objetivos políticos que considere oportunos y convertirlos en realidad si la sociedad lo avala. Euskadi necesita un pacto político de fondo que permita actuar en igualdad de condiciones a todas las culturas políticas y dar acomodo a las numerosas gradaciones identitarias. Será, sin duda, un proceso que requerirá la máxima sutileza, la cuidadosa elección de cada concepto y que deberá estar basada en la confianza y la lealtad entre sus muñidores. Nadie puede pretender convertirse en el intérprete infalible de los deseos de la sociedad vasca más que ella misma. Esta cuestión, en apariencia tan poco discutible, cobra una especial relevancia en un país en el que una organización terrorista lleva décadas distorsionando la realidad social y política de cada momento. Los ciudadanos vascos canalizan su voluntad a través de los distintos partidos políticos y lo hacen con unos índices de participación muy importantes. Tomando como referencia las elecciones autonómicas, el 69% del censo participó en los comicios de 1998, el 78% en los de 2001 y el 68% se acercó a las urnas en 2005. Habida cuenta del distanciamiento que en muchos países del entorno se está produciendo respecto a la implicación ciudadana en los procesos electorales, las cifras en las que se mueve la Comunidad Autónoma Vasca son muy positivas y sirven perfectamente para definir lo que es la sociedad real, más allá de interesadas fantasías.

Las cifras constatan algunas realidades esenciales a la hora de analizar cuál puede ser el futuro político de los vascos. Hay dos grandes grupos identitarios, aunque con diversas gradaciones en cada uno de los mismos. Según datos recabados de un estudio elaborado por la UPV, quienes sienten que el País Vasco es su principal referencia nacional sumaron en el año 1998 679.829 votos, mientras que los partidos que defienden un proyecto a nivel de España cosecharon 564.651 sufragios. Esa diferencia se redujo en 2001 (747.361 frente a 666.908) y en 2005 se mantuvo prácticamente en los mismos parámetros (642.062 y 550.287), aunque en esta última ocasión cabe reseñar las circunstancias excepcionales en las que participó la izquierda abertzale ilegalizada. En porcentaje sobre el censo, las fuerzas nacionalistas se mueven, aproximadamente, en una horquilla que va del 37 al 41% y las no nacionalistas entre el 31 y el 36%. Tampoco hay que olvidar que dentro de cada uno de los campos los proyectos políticos son muy diferentes, a veces antagónicos e, incluso, incompatibles entre sí. Si los resultados se clasificaran en función de la defensa o el rechazo a lo que se ha dado en llamar el derecho a decidir, en un sentido extensivo, llegándose incluso a poder optar por una hipotética independencia, al primero de los grupos habría que añadirle los votos de Ezker Batua y restárselos al segundo, con lo que, en este caso, sí podría afirmarse que la defensa de la capacidad de decisión concita en su favor un número claramente mayoritario de adhesiones.

Segmentando las cifras por partidos, el PNV, o la coalición PNV-EA en su caso, es la fuerza mayoritaria en el país. Cualquier análisis en torno a la naturaleza de la participación de los jeltzales o del lehendakari Juan José Ibarretxe en el actual proceso debe partir de ese liderazgo, que en el caso del mandatario cuenta, además, con el aval de EB-Berdeak. Euskadi no sólo es un país tremendamente plural sino que también destaca por tener bien definidos y estructurados los espacios de cada uno de los agentes políticos en liza. En consecuencia, el liderazgo de los jeltzales o del espacio que cabría denominar del nacionalismo institucional se viene produciendo desde las primeras elecciones autonómicas de 1980. No es, pues, un fenómeno pasajero sino una realidad de carácter estructural. Por ello, ni ha cabido, ni cabe, ni cabrá negociación política sobre el marco jurídico-político vasco que pretenda arrinconar o minusvalorar al PNV. Ese plus de responsabilidad produce también una serie de obligaciones a esta formación, la de mantener una posición de centralidad y de equilibrio, por ejemplo. Los jeltzales son conscientes, y así se desprende de innumerables declaraciones públicas, de que juegan un papel fundamental para lograr superar las últimas décadas caracterizadas por la persistencia del terrorismo y de que deben desarrollar su labor desde posiciones integradoras, de defensa de un proyecto político concreto que se desarrolla en cada momento histórico en función del punto que marca la posición de la balanza política del país. Esta filosofía ha venido posibilitando los grandes acuerdos del pasado y es la mejor garantía para que se sigan produciendo en el futuro.

Precisamente, uno de los grandes problemas para los intereses de la izquierda abertzale radica en que mientras su evolución hacia la asunción de la política como único instrumento para la construcción nacional ha sido extremadamente lenta, les mantiene en parámetros ideológicos fosilizados y se está produciendo tras una trayectoria que ha generado mucho sufrimiento, el resto de agentes políticos han protagonizado de forma conjunta una etapa muy dinámica de autogobierno repleta de logros y, sobre todo, basada siempre en el respeto a la voluntad popular. Eso no significa que no haya claroscuros o que el Estatuto de Gernika se haya respetado en su totalidad. Los problemas, las deslealtades o los incumplimientos han existido, pero los avances han sido realmente impresionantes. La inmensa mayoría de la sociedad vasca los ha percibido en su cotidianeidad y el fracaso de la estrategia del todo o nada ha quedado más patente que nunca conforme pasaban los años. El salto que ha dado la sociedad vasca en los últimos 30 años va mucho más allá de un avance histórico derivado del mero paso del tiempo.

Las instituciones creadas a la sombra del Estatuto no sólo han respondido a demandas identitarias o simbólicas, sino que se han convertido en instrumento eficaz de una mejora más que notable de las condiciones de vida y de la prosperidad del conjunto de la ciudadanía. Ese es el mejor aval para la labor desarrollada desde las instituciones por diferentes partidos bajo el liderazgo del PNV. Por lo tanto, no debe caer en saco roto todo lo logrado hasta el presente en contextos bien difíciles y hay que sustraerse a la tentación de minusvalorar esta etapa como si la historia fuera a comenzar con la incorporación de la izquierda abertzale a un ámbito de actuación política que para el resto es su medio natural desde hace décadas. No sólo porque el marco actual haya demostrado su utilidad, sino, sobre todo, porque ha contado con el aval de la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos a través de uno de los acuerdos políticos más ambiciosos de su historia. No en vano, en su documento sobre la paz y la normalización política, denominado “Elkarbizitzarako bake-bideak/Ante el final dialogado de la violencia y la normalización política”, aprobado por unanimidad del EBB en octubre de 2005, el PNV “proclama que el respeto a los marcos institucionales actuales, así como a la posibilidad real de su modificación, supone aceptar la legitimidad de todas las ideas y proyectos políticos que, siendo respetuosos con los derechos humanos, sean defendidos por vías democráticas”.

La izquierda abertzale nunca ha ofrecido un proyecto político coherente y basado en la realidad. Ha preferido trasladarse a mundos mitológicos, donde supuestas realidades de hace cinco siglos justificaban atrocidades de todo tipo en la actualidad, incluso asumiendo que debían producirse pisoteando la voluntad ciudadana. Frente a esa dinámica estéril, el resto de fuerzas políticas han trasladado a la ciudadanía vasca diferentes proyectos basados en unas reglas de juego compartidas por todos. Poner en marcha el entramado institucional vasco y dotarlo de contenido ha sido un proceso muy arduo, que no sólo ha tenido que enfrentarse a las lógicas dificultades de un contexto estatal en el que existían fuertes resistencias a compartir poder, sino que ha costado sangre, sudor y lágrimas. En consecuencia, a la hora de enfrentarse al proceso de reforma del marco de autogobierno, resulta imprescindible valorar en su justa medida el camino recorrido y los logros obtenidos, así como reconocer públicamente el ejemplo de sacrificio de cientos de personas que han sido asesinadas por ETA durante su atroz andadura. Todas esas víctimas constituyen la referencia ética permanente y deben ser también la garantía de que cualquier proceso político de futuro respeta escrupulosamente los valores de democracia, ciudadanía, cohesión social y libertad a los que se quiso atacar cuando fueron asesinados. Porque ETA no sólo ha causado un sufrimiento sin límites, sino que ha actuado con saña contra el pueblo que asegura defender. Por eso es tan importante que en las circunstancias actuales la izquierda abertzale en su conjunto asuma qué es realmente el pueblo vasco y lo respete. Las instituciones actuales son herederas y continuadoras de las de 1936, han contado y cuentan con un soporte ciudadano permanente y no debe permitirse que, al final del proceso, sufran ningún tipo de quebranto como si hubieran sido una anécdota histórica, un mal menor a la espera de Eldorado político de la izquierda abertzale. La propuesta del PNV para la pacificación y la normalización política recoge, precisamente, la necesidad de abrir las puertas al futuro desde lo ya logrado hasta el presente, sin rupturas ni imposiciones. Es un documento que pretende responder a esa apuesta por el equilibrio y que marca con nitidez la distinción entre pacificación y normalización política.

Es difícil calibrar hasta qué punto resulta posible y realista separar ambos procesos, sin dejar espacio a ningún tipo de conexión entre ellos. No obstante, se debe procurar la máxima distancia posible para que ETA jamás detente un papel de tutela. Las comparaciones con el desarrollo de otros procesos en el mundo, como el de Irlanda del Norte, resultan estériles en cierta medida, cuando el único punto de conexión es la existencia de un conflicto político de fondo que es consustancial a casi todos los focos de violencia en el mundo. Sin ahondar en los detalles, en Euskadi no ha habido, por fortuna, dos comunidades enfrentadas y una de ellas prácticamente segregada. No han existido dos bandos reconocibles y asumidos por ambas partes, lo que, por otra parte, en el caso vasco dificulta el camino hacia la reconciliación.

El gran acuerdo político entre las diferentes sensibilidades se produjo en 1979 y su renovación o puesta al día habría llegado, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, al margen de la existencia de la izquierda abertzale. Ahora, desde el punto de vista del nacionalismo democrático mayoritario, el trabajo a realizar consiste básicamente en seguir dotando de contenido al proceso de construcción nacional entendido como evolución dinámica basada siempre en la cohesión social, también para que el sujeto político se reconozca cada vez más a sí mismo y, en consecuencia, resulte más reconocible para los demás. Eso no supone prejuzgar ningún estadio final, sino profundizar en un autogobierno que se ha demostrado eficaz y solvente a lo largo de los años. Para el PNV, “el conflicto de identidades y el de la violencia son dos cosas distintas; el terrorismo no es consecuencia natural de un conflicto político. Y es inaceptable que su persistencia sea utilizada para ignorar o negar la existencia de un conflicto de naturaleza política o profundo contencioso vasco que es necesario abordar con detenimiento”. Una vez trazada la línea divisoria entre paz y normalización política, los jeltzales agregan que “no es posible construir una nación cohesionada e integrada ni sobre el enfrentamiento entre identidades ni sobre la imposición de un proyecto ajeno a la voluntad de la sociedad vasca, expresada mediante una consulta libre y democrática en un escenario de ausencia de violencia. En este sentido, los conflictos de derechos, de valores y de intereses entre unas y otras identidades en juego son permanentes e inevitables, y de lo que se trata es de establecer compromisos y acomodos viables entre las partes”.

En ocasiones, fundamentalmente desde Batasuna, se ha acusado a ciertos dirigentes jeltzales de estar demasiado cerca de determinadas posiciones del Partido Socialista, olvidando, o pretendiendo hacer olvidar, que en algunos momentos recientes la izquierda abertzale ilegalizada ha buscado ningunear al PNV desde el contacto directo con miembros del PSE-EE. Esa tentación, que tiene como trasfondo la aspiración histórica del “sorpasso” en el seno del nacionalismo, ha sido superada, como siempre acaba ocurriendo, por el principio de realidad que ha situado, nuevamente, al PNV de intermediador cuando las posiciones de socialistas y Batasuna se iban alejando. Esa imagen refleja, con viveza, cuál es la posición de la formación jeltzale en el proceso en marcha. Por eso es tan importante que actúe sin complejos, porque, históricamente, ha acertado en las grandes encrucijadas, precisamente por hacer caso omiso a los cantos de sirena de quienes predicaban la huida hacia delante. Además, mientras no juegue única y exclusivamente en el terreno de la política, sin apoyarse en ETA y rechazando el recurso de la violencia, la izquierda abertzale ni juega en el mismo terreno de los demás ni juega a lo mismo, lo que constituye un muro infranqueable para su plena homologación democrática. Desde ese punto de vista, el PNV, o cualquier otro partido, siempre estará más cerca de quienes emplean instrumentos y procedimientos pacíficos y democráticos que de quienes justifican la intimidación, el chantaje o, incluso, el asesinato. Eso no conlleva ningún tipo de tibieza en la defensa de los postulados nacionalistas, sino que, bien al contrario, supone ser plenamente consecuente con los principios éticos de las anteriores generaciones. El propio acuerdo de coalición entre PNV-EA y EB-Berdeak incide en que “la inmensa mayoría de la sociedad vasca rechaza la violencia y el terrorismo como instrumentos de acción política, asume el compromiso de solidaridad con las víctimas y apuesta por el diálogo y el respeto como método para la solución de los conflictos”. Esas serán, sin duda, las bases para cualquier proceso de diálogo, máxime si es resolutivo. El documento del PNV recoge también algunos de los aspectos que, a buen seguro, se reflejarán en el acuerdo final entre los partidos. La solución al conflicto político requerirá fórmulas intermedias pero abiertas, imaginativas pero realistas, que vayan desarrollándose en función de las decisiones libremente expresadas en cada momento por los ciudadanos vascos, con garantías recíprocas entre todas las partes. Ahí es donde encaja el compromiso de “no imponer un acuerdo de menor aceptación que los actualmente vigentes, y no impedir un acuerdo de mayor aceptación que los actualmente vigentes”, que refleja una vocación integradora del tejido social y un deseo de avance basado en mayorías sólidas que compartan unos mínimos comunes denominadores.

Uno de los nudos gordianos del problema político vasco radica en que desde la Comunidad Autónoma Vasca se pretende dar respuesta, aunque sólo sea en términos de mera contextualización histórica, a un conflicto que, según la sensibilidad mayoritaria en esa parte, afecta al conjunto de lo que se conoce como Euskal Herria, mientras que en Navarra e Iparralde son minoría los que comparten idéntica percepción. La Comunidad Foral aparece como entidad política bien consolidada después de casi tres décadas de existencia y las diferencias entre sus corrientes políticas mayoritarias no se basan en si se debe llevar a la práctica o no lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Constitución, sino, en todo caso, en el nivel de colaboración institucional que debe existir con la CAV. En ese sentido, con los pies en el suelo, las formaciones nacionalistas sólo pueden aspirar, a corto y medio plazo, a utilizar sus recursos parlamentarios en Navarra para acercarla a los otros tres territorios mediante la creación de algún tipo de órgano cómun de carácter permanente. En esa dirección, resulta interesante y de efectos prácticos la experiencia de la coalición Nafarroa Bai, que permite maximizar los recursos electorales de las formaciones nacionalistas, excepto Batasuna. La posibilidad de una colaboración que fuera más allá de lo coyuntural entre la CAV y Navarra ya estuvo a punto de tomar cuerpo durante la etapa del Gobierno presidido por Javier Otano (1995-1996). Sin forzar nada, y respetando escrupulosamente las decisiones de cada parte, no resulta descabellado pensar que se puedan activar en un futuro próximo algunos instrumentos específicos para trabajar en los múltiples espacios comunes que vinculan a ambas comunidades. Mientras tanto, en Iparralde la paz puede contribuir a dinamizar una realidad política y económica esclerotizada, en la que lo importante, hasta ahora, era que nada se mueva. Ha pasado mucho tiempo ya desde la incumplida promesa de François Mitterrand, que accedió a la Presidencia de la República Francesa en 1981, de crear un Departamento vasco. Iniciativas como la de Batera sirven para pulsar el estado de opinión entre los vascos del otro lado del Bidasoa acerca de esta posibilidad. El desarrollo económico de Iparralde y su dinamización dependen en buena medida de una estrecha colaboración con los territorios del sur. Esta certeza abre nuevas puertas para renovar unos vínculos históricos y culturales innegables y en modo alguno perjudica ni pone en tela de juicio cualquier otra realidad política. En definitiva, parece razonable pensar que en esa salvaguarda de equilibrios que caracterizará el futuro político se deba redefinir el concepto de territorialidad en función de la voluntad de los ciudadanos de Euskal Herria.

Una Comunidad Autónoma Vasca y una Comunidad Foral de Navarra que mantengan sus instituciones y se respeten mutuamente pero estén vinculadas por instrumentos particulares de colaboración y unos territorios de Iparralde que, formen o no un departamento propio, puedan establecer estrechos lazos políticos y económicos con Hegoalde, mediante fórmulas como la de la eurorregión, pueden dar lugar a un espacio en el que todas las partes se puedan sentir más o menos cómodas sin que nada deba romperse. Además, la puesta en manos de los Gobiernos vasco y navarro de un instrumento favorecedor de la democracia directa como es la que afecta a la posibilidad de convocar consultas populares puede ayudar a avanzar. Se trataría, más bien, de dar cauce a la voluntad de la sociedad vasca y de acreditarla sin que ello tenga que suponer ningún tipo de menoscabo para su cohesión, que es un valor a salvaguardar en todo caso.

Euskadi se encuentra ante uno de los momentos más importantes de su historia reciente. El diálogo comienza a abrirse paso después de décadas convulsas. Parece llegada la hora de perfeccionar los instrumentos para la convivencia, honrando a las víctimas y apostando por una sociedad que no permanezca nunca impasible ante cualquier foco de violencia. Los principios tienen que estar bien definidos para no errar en ese objetivo y no hay que confundir la generosidad con una debilidad que luego cueste cara. Durante un discurso pronunciado el 10 de mayo de 2004 en Ciudad del Cabo con motivo del décimo aniversario de su asunción presidencial, Nelson Mandela subrayó que “nunca debemos olvidar el terrible pasado del que salimos, y utilizar ese recuerdo no como un medio para seguir encadenados al pasado de forma negativa sino como un recordatorio jubiloso de cuán lejos hemos llegado y de lo mucho que hemos logrado”. Partiendo de esa base, será posible el éxito compartido por todos del proceso de pacificación y normalización política en Euskadi.

Joseba Arruti

No hay comentarios: