lunes, enero 07, 2008

Al hospital

Uno de los dos jóvenes de Lesaka detenidos ayer en Arrasate en posesión de dos pistolas ha sido ingresado a las cuatro de esta madrugada en el Hospital Donostia con un pulmón perforado por una costilla rota, hematomas en todo el cuerpo y un fuerte golpe en un ojo. Mientras Askatasuna afirma que se trata de un claro caso de maltrato policial, el ministro Rubalcaba ha asegurado hace unos minutos que los golpes al detenido le fueron propinados al resistirse éste a su detención. Esta versión se contradice con las palabras del alcalde de Lesaka, Koldo Erkizia (EA), quien aseguraba esta tarde en Euskadi Irratia que ambos arrestados por su presunto vinculación con ETA se encontraban bien en el momento en que ayer se les trasladó hasta sus viviendas para proceder a sendos registros. De lo que no cabe duda es de que lo ocurrido con Igor Portu es muy grave. No es ni normal ni asumible que en un país democrático un detenido, por el delito que sea, termine en la UVI de un hospital a las pocas horas. El más perjudicado es, sin duda, el propio afectado, pero también la credibilidad de las propias fuerzas policiales que son las responsables de velar por la seguridad y la integridad física de los detenidos. Al contrario que la izquierda abertzale, la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos sí cree en la defensa de todos los derechos humanos para todas las personas, incluso de aquellas que cometan los crímenes más repugnantes o que colaboren en su comisión. En eso se distinguen las leyes de un Estado de Derecho de las de la jungla. Por eso, hoy más que nunca es necesario reclamar que se eliminen todos los ámbitos de impunidad que puedan existir en la aplicación de la ley antiterrorista. La fortaleza de quienes combaten a quienes practican la violencia reside, en una buena parte, en su legitimidad y en el uso de medios legales y respetuosos con los derechos básicos de las personas. Los terroristas han de ser detenidos, puestos a disposición judicial, juzgados y condenados. Pero jamás nadie se debe apartar ni un milímetro de esos pasos. Y si lo hace, las autoridades están obligadas a depurar responsabilidades sin caer en una especie de corporativismo que hace un daño terrible a quienes día tras día se dejan la piel en las calles de Euskadi en defensa de la democracia y en contra del integrismo radical. Conozco al delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, y sé de sus profundas convicciones democráticas. Será, sin duda, plenamente consciente de la gravedad de los hechos y de la necesidad de llegar hasta las últimas consecuencias en una investigación que debe ser justa, veraz e imparcial. Los detenidos deben acabar en la cárcel, no en el hospital. Desgraciadamente, en cualquier fuerza de seguridad del mundo se pueden producir, en un momento dado, desmanes de diverso tipo. Aún están muy presentes las imágenes de unos mossos d'esquadra maltratando a algunos detenidos o el asesinato en Londres del ciudadano brasileño Jean Charles de Menezes. En algunos casos, la Justicia ha exculpado a los autores de actuaciones similares con un criterio más que discutible. En Euskadi, la tortura o cualquier tipo de maltrato a quien sea debe ser radicalmente condenada 'per se' pero, además, se debe exigir a las autoridades competentes que actúen con firmeza en la erradicación de cualquier brote que se pueda producir. A Batasuna y sus acólitos les importan un bledo los derechos humanos o la libertad de expresión, tal y como vienen atestiguando desde hace décadas. A quienes sí nos importan, el ministerio del Interior nos debe una explicación rigurosa de lo acaecido con Portu. No vale desviar la atención ni esperar a que amaine el temporal, porque este tipo de hechos también dañan a todos los que creen en una Euskadi en la que los derechos humanos sean, siempre, sagrados. Incluso los de quienes empuñan las pistolas contra la gran mayoría de su propio pueblo.     

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